Interior cesa al jefe de Selección de la Policía tras la polémica de los exámenes de acceso
El comisario principal, que irá ahora destinado a las dependencias del Tribunal Constitucional, había sido requerido ya por los sindicatos para que abandonara su puesto
El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha tomado la decisión de cesar en el cargo al que hasta ahora ejercía como jefe de Procesos Selectivos del cuerpo, Jesús María M. Z. El comisario principal ha sido trasladado al Tribunal Constitucional, donde se hará cargo de la comisaría especial de este alto órgano judicial. Así lo publicó la orden general extraordinaria emitida por la Dirección General el pasado 1 de diciembre, un documento que resolvía convocatorias de puestos de trabajo de libre designación y de concurso general de méritos. Entre estos movimientos internos se encontraba el del mencionado comisario.
Jesús María M. Z. ha sido el responsable durante los últimos años de todos los procesos de oposiciones de acceso a la Policía Nacional, entre los que destaca la polémica prueba de ortografía que recurrieron cientos de aspirantes a formar parte del instituto armado hace ahora un año. Todos ellos fueron eliminados de la carrera opositora en este examen después de que la División de Formación de la Dirección General decidiera, a toro pasado, imponer una nota de corte que no estaba establecida en las bases. Los aspirantes, al entender que tenían que sacar más de un cinco —como había ocurrido siempre que no se había determinado expresamente otra nota de corte diferente— no arriesgaron a contestar más preguntas con el fin de asegurar el mencionado límite de puntuación.
El cambio de criterio generó una enorme polémica que llevó a que más de mil opositores recurrieran, en primer término, por la vía administrativa con el fin de dejar constancia de su malestar y protestar por una decisión a su juicio arbitraria que les dejaba fuera de la convocatoria injustamente. Después de que la Dirección General rechazara todos estos recursos sistemáticamente, todos los opositores optaron por acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha ido admitiendo a trámite todos estos escritos y ha conformado una macrocausa para determinar si la División de Formación actuó bien o mal y si, por lo tanto, los aspirantes tienen derecho a seguir adelante con el proceso, que por otra parte ya está superado por incluso una nueva convocatoria que actualmente está en marcha.
Durante los últimos meses, y como consecuencia del escándalo público que provocaron todos estos recursos, no han sido pocos los que han pedido al comisario principal responsable de Procesos Selectivos que abandonara el cargo. Así lo explican a El Confidencial algunos de esos mandos policiales. Entre los que así han expresado su parecer se encuentra el Sindicato Profesional de Policía, que entendían que la gestión del jefe de los exámenes de acceso dejaba mucho que desear y que pedía a gritos un gesto de este alto mando que marcara un antes y un después en estos exámenes de acceso a la corporación. Jesús María M. Z., sin embargo, hacía caso omiso a las recomendaciones.
Fuentes policiales explican que durante meses el alto cargo estuvo negociando con la Dirección General cuál podía ser su próximo destino. Rechazó incluso algunas de las plazas que le ofrecían desde el departamento dirigido por Pardo Piqueras. Finalmente, el comisario se decantó por la comisaría especial del Tribunal Constitucional que se había quedado libre. Se trata de un puesto de prestigio institucional, que lleva aparejado un plus económico, por lo que en el fondo el traslado representa una ‘patada’ hacia arriba para el comisario que ha dirigido los procesos de selección de la Policía Nacional durante casi una década.
Las mismas fuentes explican que la iniciativa de pedir cambio de destino partió del propio comisario principal, que ya había trasladado a la Dirección General su deseo de cambiar de puesto por motivos de “agotamiento” profesional. El pasado julio, añaden estas fuentes, Jesús María M. Z. se personó en el despacho del director adjunto operativo de la corporación para pedir “con más intensidad” el cambio de destino. Fue entonces cuando el mayor responsable policial de la corporación le puso varias ofertas sobre la mesa, entre las que el comisario eligió. Quitan importancia estas fuentes, por lo tanto, a la polémica desatada en torno a la prueba ortográfica.
Una lluvia de recursos
Este examen, sin embargo, no puede eliminarse de la ecuación. A las presiones añadidas del puesto, que sobre todo cuando hay procesos selectivos de la escala superior son importantes, hay que añadir los mencionados cientos de recursos por ortografía, pero también los incontables procedimientos emprendidos por opositores estos últimos años contra la División de Formación en otros ámbitos interconectados. Ha habido muchos recursos también en materia de entrevistas, una de las pruebas más controvertidas del proceso de selección para ingresar en el cuerpo que ha sido objeto de numerosos recursos e incluso de sentencias contrarias a su realización. No en vano por esta vía se avecina ahora una batería de nuevas demandas por parte de los aspirantes a acceder a la Policía que acaban de ser descalificados.
En concreto, los opositores de la misma promoción 36, a la que pertenecen también los que recurrieron la prueba de ortografía, se han agrupado ya para plantear nuevas denuncias contra la arbitrariedad con la que a su juicio se valora la entrevista. En la misma línea, otros aspirantes se están organizando para protestar por la vía administrativa, primero, y por la judicial, después, contra los test psicotécnicos e incluso las pruebas médicas, que a su entender no están suficientemente motivadas por los tribunales calificadores.
Sin embargo, no son únicamente los tribunales las instituciones que están investigando la validez de algunas de las pruebas de los procesos selectivos de acceso a la Policía. El Defensor del Pueblo censuró recientemente la actuación del Ministerio del Interior a cuenta del mencionado examen de ortografía después de una veintena de reclamaciones interpuestas por otros tantos opositores rechazados en esa prueba. En concreto, el pasado 18 de noviembre, el organismo dirigido por Francisco Fernández Marugán informó a todos estos aspirantes rechazados de que se había puesto en contacto con Interior para ponerle “de manifiesto a la Dirección General” que, a su juicio, las pruebas deberían ser reformadas.
“Con base en los antecedentes de los que se dispone relativos a las distintas actuaciones llevadas a cabo motivadas por la prueba de ortografía incluida en las convocatorias y a la inquietud que los aspirantes para el acceso expresan sobre la citada prueba, debería ser revisada la ambigüedad con la que las bases de la convocatoria describen la prueba ortográfica, de modo que los criterios y parámetros de la misma sean más concretos y más previsibles para conocimiento de los opositores”, trasladó el Defensor del Pueblo al Ministerio.